¿Cómo será la Ley de Distribución de Seguros?

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La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGFSP) ha enviado el primer borrador de la Ley de Distribución de Seguros y reaseguros privados a los profesionales del sector. La futura norma, fruto de la trasposición de la Directiva IDD, debe estar lista antes del 23 de febrero de 2018.

En 2006 se aprobó en España la “Ley de mediación de seguros y reaseguros privados”, fruto de la trasposición de la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que establecía las bases para la armonización de la actividad de mediación de seguros en la Unión Europea (UE). Una década después de la aprobación de aquella norma, en el Diario Oficial de la UE se publicó la Directiva 2016/97 de distribución de seguros –también conocida como IDD, por sus siglas en inglés–, que derogaba la aparecida en 2002 y cuya trasposición al marco español se encuentra en pleno desarrollo.

Tanto es así, que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ya ha enviado el primer borrador de la Ley de distribución de seguros y reaseguros privados a los principales actores del sector asegurador.

Orígenes del Borrador de la Ley de Distribución de Seguros

La nueva norma es una trasposición de la Directiva 2016/97,  lo que se persiguió desde el primer momento es brindar una mayor protección a los clientes que se relacionan con el sector asegurador. Y para conseguirlo, el texto comunitario considera fundamental que haya unas condiciones de competencia equitativas entre los distintos distribuidores de productos de seguros.

Asimismo, la consecución de dicho fin pasa por facilitar un mayor ámbito de actuación a los intermediarios de seguros, reaseguros y seguros complementarios, garantizar un elevado nivel de profesionalidad y competencia entre los mismos, establecer normas que erradiquen los conflictos que puedan surgir entre las actividades que desarrollan los intermediarios y las empresas de seguros y los intereses de los clientes, presentar los productos aseguradores de forma comprensible para que los usuarios puedan tomar decisiones con conocimiento de causa, etc.

Y para certificar que las empresas del sector y las personas que desarrollen actividades de distribución de seguros cumplen lo dispuesto en la Directiva 2016/97 y reciben un trato similar en toda la UE, el texto comunitario invita a todos los Estados miembros a “establecer sanciones administrativas y otras medidas que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias”.

Una de las cuestiones que más destacan de esta nueva Ley hace referencia a las malas prácticas en seguros. Según el borrador de la Ley de Distribución de Seguros, la venta indebida de productos de inversión supondrás sanciones de hasta cinco millones de euros, incluso más si el  volumen de negocio de la entidad sancionada es superior a los cien millones de euros. Teniendo en cuenta que la sanción más elevada a día hoy por lo mismo no supera los 30.000 euros podemos suponer que la comercialización de productos relacionados con seguros se verá sometida a una autorregulación interesante.

Si las sanciones aumentan es porque las malas prácticas han aumentado también. Ocurrió ya con las sanciones y multas de tráfico y con tantas otras cosas.

Este aumento de las malas prácticas en el sector seguros se debe, concretamente, al aumento de las sanciones que tanto en España como en el extranjero han sido impuestas al sector bancario. En otras palabras, el historial de multas por malas prácticas en seguros de las entidades bancarias es tan amplio que ha llamado la atención.

 Lo que busca la nueva norma es proteger a los asegurados para evitar la venta de productos de gran riesgo sin haber obtenido un información amplia y clara sobre el tipo de producto que van a adquirir.

La futura Ley también establece que los distribuidores de seguros no podrán establecer un sistema de remuneración o de objetivos de ventas que funcione como incentivo para recomendar un determinado producto cuando se pueda ofrecer otro más ajustado a las necesidades del cliente. Esto incluye también a los mediadores que son filiales de los bancos.

 

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